José María Asencio, nuevo Presidente de la Plataforma

El Presidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, Andrés de la Oliva, acaba de renunciar a su cargo, debido a sus múltiples ocupaciones profesionales. Lo reemplaza en sus funciones José María Asencio, actual vicepresente, que accede formalmente ahora a la presidencia.
 
José María Asencio es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante, así como director del Departamento de Derecho Mercantil y procesal de dicha universidad. Entre otras actividades, ha sido magistrado suplente y está muy implicado en diversas publicaciones jurídicas, amén de ser subdirector de la Escuela de Práctica Jurídica de Alicante.

A continuación transcribimos su carta de presentación:

Con profundo agradecimiento y respeto al Prof. Andrés de la
Oliva, a quien trasmito públicamente mi personal consideración humana
y académica, asumo la presidencia de esta Plataforma, cuyo solo
nacimiento y existencia revela las profundas carencias de nuestra
Administración de Justicia y la necesidad de afrontarlas desde los
postulados que nuestra Constitución proclama.  Sigue leyendo

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¿Democratización del Poder Judicial?

El Gobierno de la Nación acaba de anunciar que acometerá las reformas legales necesarias para que la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial dejé de de depender por entero de los partidos políticos, tal como sucede en la actualidad. Se recuperará, según parece, el modelo anterior a 1985, cuando doce de sus veinte miembros eran escogidos por los propios jueces. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial se ha congratulado en una nota de prensa.

Ahora bien, la Plataforma insiste en que sus objetivos van más allá de un mero ajuste cosmético. Si queremos que una genuina democratización, es menester atender algunos puntos esenciales, a saber:

1) Establecimiento de un sistema de votación un hombre/ un voto: libre, universal, igual, directo y secreto.

2) Criterios de representación proporcional para evitar monopolios corporativos.

3) Extensión de la democratización a todos los órganos de gobierno de la judicatura, no sólo el Consejo, sino también presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia y de las Audiencias Provinciales.

He aquí los aspectos cruciales donde se comprobará si la voluntad de reforma es real. La Plataforma no pretende reemplazar el corporativismo de los partidos por el de los magistrados, sino instaurar una verdadera democracia judicial que ponga fin al humillante sainete de un Consejo que tiene la osadía de tachar de “clichés” y “bulos” las críticas que denuncian su sumisión al poder político.

Estamos, pues, a la expectativa.

Propuestas de los jueces para la reforma de la Justicia

El Consejo General del Poder Judicial no representa a la carrera judicial española, sino que obedece a la lógica partidista del estamento político que lo ha designado. Por tanto, para conocer la opinión de la judicatura de nuestro país no debe atentederse a postura oficial de ese órgano político, sino a a la des sus portavoces democráticos. Los jueces decanos de toda España (que son elegidos por votación directa entre los integrantes del Poder Judicial) se reunieron en Vitoria en noviembre del año 2011 y aprobaron una serie de propuestas llenas de sentido común. A continuación las transcribimos íntegramente:

         La Administración de Justicia es la asignatura pendiente de nuestra Democracia. El progreso operado en España en los últimos treinta años no ha alcanzado a una Administración de Justicia que se muestra incapaz de ofrecer a los ciudadanos un servicio público de calidad, moderno, eficaz, eficiente y adecuado a las necesidades de la sociedad actual. Sigue leyendo

¿Existe corrupcion en la judicatura española?

 LA CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL DE LA JUSTICIA ESPAÑOLA

                ¿Existe corrupción entre la judicatura española? Como en todos los colectivos, hay también ovejas negras. Sin embargo, lo normal es que nuestros magistrados se comporten con integridad, pese a que el diseño orgánico del poder judicial se halle fuertemente politizado. A esas conclusiones llega la asociación “Transparencia Internacional” (dedicada a evaluar el grado de corrupción a nivel mundial) en el borrador de su proyecto “ENIS”, recientemente publicado, donde se alertan de los riesgos de degeneración que afectan a la democracia de nuestro país.

                Sus palabras casi coinciden literalmente con el Manifiesto por la Independencia y la Despolitización de la Justicia, subscrito en el año 2010 por más de 1.400 jueces. Igualmente, con los fines programáticos de nuestra Plataforma, la cual defiende no sólo la democratización del Consejo General del Poder Judicial (cuya degradación es un hecho notorio) sino de todos los órganos de gobierno interno de la judicatura, incluidas las Salas de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia. Los jueces decanos de toda España, reunidos este pasado año 2011, han propugnado igualmente el cese de la designación política de los puestos clave de nuestro sistema judicial.

                Transcribimos, a continuación, parte del contenido del citado informe de “Transparency International”:

El poder judicial tendría como punto fuerte la independencia, reconocida de forma expresa constitucionalmente y garantizada legalmente; en la práctica es también posible ejercer con plena independencia por parte de los jueces, aun cuando el órgano de control de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia política. En suma, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos. Los puntos débiles más importantes son sobre todo, la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo, así como la débil rendición de cuentas existente en la práctica, no tanto en la norma, donde existen regulaciones mejorables, pero suficientes. Los jueces actúan normalmente con ética, responsabilidad y rigor, pero la irresponsabilidad, corrupción e ineficiencia no son suficientemente sancionadas.