PROMESAS INCUMPLIDAS: EL GOBIERNO Y EL CONTROL POLÍTICO DE LA JUSTICIA

Promissio boni viri est obligatio

 (La promesa de un hombre honrado es una obligación)

Así se expresaban los juristas clásicos con respecto al deber jurídico y moral de mantener las promesas. El señor Ministro, don Alberto Ruiz Gallardón, quebró  su palabra al anunciar el acuerdo alcanzado con el partido socialista para que el Consejo General del Poder Judicial continúe siendo designado por el Parlamento, esto es, escogido por los grupos políticos. Como se advertía en esta misma página hace un año, la reforma de la LOPJ no era una tarea inalcanzable, como subir al Everest. Aquí no hay excusa  de crisis económicas, se trata solamente de voluntad; en esta materia, con su mayoría absoluta, querer es poder.

Recordemos los términos literales del programa del Partido Popular en materia de Justicia:  

Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, para que, conforme a la Constitución, doce de sus veinte miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.

 ¿Qué es lo que ha cambiado?; ¿qué es lo que le hace a un hombre faltar a su palabra?

 La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial se lamenta de la falta de respeto al pueblo español que entraña la violación de las promesas electorales y manifiesta su oposición a un sistema en el que el órgano encargado de proteger a los jueces de la injerencia del poder político sea elegido, en su totalidad, por esos mismos políticos.  

Largissimi promissores, vanissimi exhibitores

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Gallardón, el Ministro Perdido

José María Asencio, presidente de la Plataforma, acaba de publicar un artículo en el diario Información.es relativo a la gestión del señor Ministro de Justicia, donde somete a un implacable escritunio su labor.

He aquí el enlace:

http://www.diarioinformacion.com/opinion/2012/12/04/gallardon-ministro-perdido/1321376.html 

Y su texto completo:

 Es difícil, por no decir casi imposible, lograr una unanimidad tan absoluta frente a un ministro como ha conseguido Gallardón en pocos meses. Todas las asociaciones de jueces, fiscales, los abogados, procuradores y el resto de quienes trabajan en o para la Administración de Justicia, se oponen a las reformas anunciadas, a los proyectos en curso tendentes a ahorrar en unos tribunales ya muy castigados por falta de medios o a las leyes aprobadas como la de tasas que coartan el derecho constitucional a la obtención de una tutela judicial efectiva. Y mucho me temo que esta opinión generalizada se extienda a otros proyectos inmediatos y necesarios, como el de Ley de Enjuiciamiento Criminal, que sufrirá la pérdida de imagen del ministro, por mucha calidad que tenga el borrador que se presente. Sigue leyendo