Fiscal investigador y corrupción

Los jueces instructores están destapando focos de corrupción hasta ahora ocultos. Sus polémicas actuaciones, como en el caso S.A.R. doña Cristina, han generado un debate social y juridídico  en cuyo contexto el Gobierno pretende atribuir la investigación criminal a la Fiscalía, actualmente dependiente del Ejecutivo.

¿El reemplazo del juez instructor por un fiscal investigador es una reacción de una clase política cada vez mas temerosa por los escándalos de corrupción?

La Plataforma ha elaborado un informe sobre el borrador del Código Procesal Penal donde se estudia con rigor jurídico este candente problema cuyo texto se transcribe íntegro:

INFORME DE LA PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL SOBRE EL ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PROCESAL PENAL

         “Los jueces de instrucción, salvo honrosas excepciones, son por antonomasia, parciales, más inquisidores que garantes, debido a los prejuicios que inevitablemente genera la instrucción penal” (artículo aparecido el 16-I-10 en el periódico “El Día”).

Eligio Hernández, Fiscal General del Estado (1992-1994)

 

1. Introducción: ¿es necesario acabar con la figura jurídica del juez instructor?

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, hizo público a finales del pasado mes de febrero de este año 2013 un anteproyecto de Código Procesal Penal que vendría, si se cumplen los objetivos del actual Ejecutivo, a derogar la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, en vigor desde 1882. Sigue leyendo

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Resumen denuncia ante la ONU

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial presentó ante la Organización de las Naciones Unidas este cinco de enero de 2014 una denuncia relativa a la politización de la Justicia española.

Dado que, al ser muy completa, redacción resultaba algo extensa, adjuntamos ahora un resumen que recoje en pocas palabras los aspectos esenciales de la queja.

Este es su texto:

         El respeto a los derechos humanos en cualquier sociedad democrática exige la existencia de una Justicia independiente del poder político. En España, sin embargo, los recientes ataques a la separación de poderes están poniendo en peligro el Estado de Derecho y, con él los mismos derechos de los ciudadanos. Tan grave es la situación que se hace urgente poner los hechos en conocimiento de Naciones Unidas, a fin de que se adopten las medidas necesarias para restablecer las mínimas garantías en materia jurisdiccional. Sigue leyendo