Bentham contra Gallardón

El catedrátido de Derecho Procesal Andrés de la Oliva, expresidente de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial acaba de editar un libro donde se comenta una obra que el filósofo inglés J. Bentham publicó hace más de dos cientos años contra la iniciatia del Gobierno inglés de introducir un tasa judicial sobre los súbitos de su graciosa Majestad.

Andrés de la Oliva Santos.

          “Una protesta contra las tasas judiciales”; ese es el título del libro que, coeditado por el prestigioso catedrático de Derecho Procesal Andrés de la Oliva, y con la fiel versión de Guadalupe Rubio de Urquía, ha publicado CIVITAS en marzo del este año 2013. A Protest against Law Taxes shewing the peculiar Mischievousness of all such Impositions as add to the Expense of Appeal to Justice; ese es el título original que el filósofo ingles J. Bentham (1748-1832) dio a esa misma obra que, más de dos siglos más tarde, se imprime ahora traducida en España.

 En 1793 el Ministro de Hacienda inglés (Lord of the Treasury) se empecinaba en presentar ante la Cámara de los Comunes una propuesta legislativa de tasas judiciales. La enérgica reacción de Bentham, activista intelectual de su época, consiguió la abolición pocos años después de semejantes exacciones, sentidas por la mayoría de sus conciudadanos como injustas. En 2012 el Ministro de Justicia español ha logrado la aprobación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. Es esta última norma, percibida como injusta por una población castigada por la crisis, la que disecciona el catedrático de la Oliva con afilada lógica jurídica en constante comparación con su remoto precedente británico.  Sigue leyendo

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TASAS JUDICIALES: FIN DEL ESTADO DE DERECHO

El abogado y miembro de la Plataforma, Juan Ospina, analiza implacablemente en el artículo que se transcribe a continuación la Ley de Tasas, en su opinión: “el mayor atentado a nuestra libertad que ha existido nunca en la democracia española”. Este es su texto:

Las Tasas Judiciales son el Fin del Estado de Derecho

                Digámoslo alto y claro, las Tasas Judiciales que ha aprobado el gobierno esta semana las cuales tenemos que pagar desde ya todos los ciudadanos si ahora queremos acceder a la Justicia, civil, laboral o administrativa, son el mayor atentado a nuestra Libertad que ha existido nunca en la democracia española. Sigue leyendo

QUEJA ANTE EUROPA

La Plataforma Cívica acaba de aprobar un texto que presentará ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos donde se denuncia la intorelable politización a que está sometida la Justicia española.

Este es su contenido íntegro:

AL EXCMO. SR. SECRETARIO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE JUECES EUROPEOS:

 

        La asociación Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) solicita respetuosamente del CCJE la elaboración de un informe ante la gravísima situación que atraviesa el sistema judicial español debido a las reformas legislativas que proyecta el Gobierno del Reino de España, que afectan a la independencia judicial y conculcan los principios fundamentales establecidos en la Carta Magna de los Jueces aprobada en la 11ª reunión plenaria, celebrada el 17 de noviembre del año 2.010, del Consejo Consultivo de los Jueces Europeos. Y pide que, en su caso, asesore al Comité de Ministros, mediante la formulación de una opinión sobre las cuestiones atinentes a la independencia, la imparcialidad y la competencia profesional de los jueces españoles afectados por esas reformas legislativas, que pueda servir de base para la adopción de iniciativas comunes en el seno del Comité de Ministros que frenen o subsanen los perjuicios causados por políticas legislativas de este contenido en el ámbito europeo. Sigue leyendo

Fiscal instructor ¿si o no?

Parece ser inminante la publicación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal del nueva Planta. Ante el futuro reto legislativo el abogado Juan Ospina reflexiona sobre las condiciones que debería reunir una investigación criminal independiente.

Fin de la imparcialidad en la investigación del proceso penal si ésta es instada y promovida por el gobierno

 El gobierno va a reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para que sea el Fiscal el que investigue sobre la perpetración o no de un delito y no el Juez Instructor, como se venía realizando hasta ahora. La Fiscalía es una institución jerarquizada y con una cabeza visible, la del Fiscal General del Estado, quien le debe su puesto al Gobierno que lo ha  nombrado a dedo. Así la Fiscalía está teñida y controlada por el poder político, que con la nueva reforma, terminará con la imparcialidad y libertad del Juez Instructor que sólo le debía su lealtad a la Ley, para encontrarnos con una nueva realidad, la de un gobierno que investiga encubierto detrás de la Fiscalía, a la que extiende sus tentáculos de poder. Sigue leyendo

El respeto a las reglas del juego: política y justicia.

Juan Gonzalo Ospina Serrano, abogado y miembro de la Plataforma, reflexiona a la luz de la historia acerca de la necesidad de separar el poder politico y el judicial: la defensa de la libertad.

UN ÁRBITRO VESTIDO DE NEGRO Y NO  DEL COLOR GANADOR

“El Rey no puede crear o eliminar leyes o impuestos sin la aprobación del Parlamento”, 1.689, primera declaración del Bill of Rights. El pueblo inglés restringió el ilimitado poder del monarca al comprender que nada ni nadie podría ser todopoderoso. John Locke entre otros entendió la necesidad de limitar al poder ejecutivo y equilibrarlo con el legislativo.

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LA JUSTICIA BAJO DOMINIO

El juez Manzano, Secretario General de la Plataforma, publica en la revista “La Ley” un artículo donde analiza la trayectoria de creciente politización del Poder Judicial español. He aquí su texto:

Desde que en el año 1985 una ley modificó el sistema de elección de vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) atribuyendo la designación de todos ellos al parlamento, al tradicional abandono económico que la Administración de Justicia había venido sufriendo históricamente se ha unido algo mucho mas grave, su dominio político. Una dominación que se ha venido desarrollando a través de una doble vía cronológicamente sucesiva que, si bien puede ser que no respondiera a un plan completamente premeditado desde el inicio, si que, desde luego, ha sido el resultado natural de aquella determinante modificación legislativa. La primera de ellas comenzó con la total ocupación por el poder político del máximo órgano de gobierno de los jueces y ha conducido a una cada vez más intensa politización del mundo judicial. Y la segunda vía se ha ido traduciendo en un imparable proceso complementario de desapoderamiento de las más primarias funciones constitucionales de los titulares del poder judicial mediante la sutil y constante formula de administrativizar las mismas para, como natural corolario de su metamorfosis, transferirlas al ámbito del ejecutivo central o autonómico. Sigue leyendo

Amaiur y el juramento “por imperativo legal”

Las polémicas formas de juramento usadas por algunos diputados electos al acceder a sus escaños revelan una controversia que viene de muy antiguo. Os proponemos un breve artículo publicado en la revista Derecho.com (de libre acceso en Internet) por el magistrado Jesús Villegas, miembro fundador de la Plataforma, donde analiza y critica el precedente que el Tribunal Constitucional sentó al respecto.

LA FARSA DEL JURAMENTO POR IMPERATIVO LEGAL

 No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pues yo os digo que no juréis en modo alguno: ni por el Cielo, porque es el trono de Dios, ni por la Tierra, porque es el escabel de sus pies; ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni tampoco jures por tu cabeza, porque ni a uno solo de tus cabellos puedes hacerlo blanco o negro. Sea vuestro lenguaje: `Sí, sí’ `no, no’: que lo que pasa de aquí viene del Maligno.

 Evangelio según San Mateo, 5-33-7.

 A Filóstrato se le atribuye la máxima: “El médico que sólo sabe de Medicina ni Medicina sabe”. Los juristas deberíamos tener presente el pensamiento de este sabio, médico de Cleopatra, pues quizás sepultados bajo nuestros expedientes judiciales, perdamos el contacto con la realidad. Por eso, me decidí a indagar desde otro punto de vista un detalle que me llamaba sobremanera la atención desde mi toma de posesión como juez en el País Vasco: al recibir declaración a cargos electos o funcionarios públicos de dicha Comunidad, cuando aportaban las credenciales, con mucha frecuencia se leía que habían prestado juramento “por imperativo legal”. Sigue leyendo