Doña Gabriela Bravo y la politización de la Justicia

La revista Tempus Octobris, con ocasión del aniversario de la Plataforma, acaba de publicar un especial donde, en su editorial, se contrapone la lína oficialista del CGPJ, representada por las declaraciones de su portavoz, doña Gabriela Bravo, a las reivindicaciones de la PCIJ.

Este es tu texto íntegro:

“¿La Justicia está politizada, sí o no?”

            He aquí la directísima pregunta que el periodista disparó a bocajarro el 13-III-2010 a doña Gabriela Bravo, actual portavoz del Consejo General del Poder Judicial, en una entrevista concedida al semanario “Tiempo”. Esta fue su respuesta:

Desde mi punto de vista, la Justicia que imparte el poder judicial no está politizada. Los jueces actúan con absoluta independencia. Desde el punto de vista de si el CGPJ, que es otra cuestión, está politizado, tengo que decir que somos un órgano político, que hacemos política judicial. Si por politización se entiende nuestra sumisión a otros poderes del Estado, al Ejecutivo o a los partidos políticos, por supuesto que no.

           La Plataforma Cívicaporla Independencia Judicialnació, precisamente, para combatir ese discurso oficialista, amalgama de tópicos tan políticamente correctos cuanto socialmente desacreditados.

            El Consejo General del Poder Judicial es el órgano que escoge a los miembros del Tribunal Supremo (Corte de Casación en el Reino de España); de ahí que esté investido de atribuciones para revocar las resoluciones más importantes del resto de los tribunales, además de crear la más respetada doctrina jurisprudencial. Del Consejo, asimismo, depende inter alia la provisión de cargos internos de la carrera judicial, los expedientes disciplinarios, los traslados y hasta la concesión de licencias o permisos de larga duración. O sea, “política judicial”, según el aúlico sermón esos vocales que nos gobiernan pero a los que no hemos elegido. 

 

            Pues bien, ante semejante perversión del lenguaje, es urgente que alguien hable sin tapujos, liberado de las ataduras que ligan a los que adeudan su cargo a la política. La distinción entre funciones judiciales y gubernativas del Consejo, con ser en teoría correcta, ha sido falazmente instrumentalizada. Al juez que trabaja solitariamente en su despacho se le reconoce formalmente la libertad de dictar sentencia sin interferencias. Ahora bien, si el poder político mediatiza su actividad jurisdiccional, la independencia, a la postre, resulta amenazada. Es sí, algunos se contentan refugiándose en el pseudoconcepto de la “política judicial”.

 

            Miremos más allá de nuestras fronteras. La Organizaciónno Gubernamental Transparency Internacional, dedicada el estudio de la corrupción, adelantó en enero de este año 2012 un informe sobre la corrupción en España donde se leía (sic):

“El poder judicial tendría como punto fuerte la independencia, reconocida de forma expresa constitucionalmente y garantizada legalmente; en la práctica es también posible ejercer con plena independencia por parte de los jueces, aun cuando el órgano de control de los jueces está fuertemente politizado y los miembros de los Tribunales superiores se nombran con una relativa influencia política. En suma, existe un cierto incentivo, para los jueces que quieran llegar a los puestos superiores de sistema, de subordinar su plena independencia a ciertos compromisos políticos.”

Nótese como el citado organismo internacional reconoce que el ejercicio de la jurisdiccion conserva en la práctica su independencia. Todavía. El riesgo está en el diseño orgánico del gobierno judicial. No parece percatarse de ello doña Gabriela. Con todo, no seamos injustos con la señora portavoz ya que, si examinamos la entrevista completa, advertiremos el sincero deseo de defender a la magistratura de algunos de los más graves e infundados ataques que viene padeciendo. Mas el problema es bien otro. Los miembros del Consejo están atrapados en un dilema sin solución: pretenden congraciarse con sus súbditos (esos jueces a los que gobiernan, auque no los hayan elegido); y, simultáneamente, hacer “política judicial”. Quien se empeña en servir a dos señores inconciliables, termina amando a uno y odiando a otro (Mt 6, 24-34).

 

            Frente a este decrépito montaje se alzala Plataforma. Lofascinante de su génesis es que no obedece a la iniciativa de ningún grupo político, económico o sindical. Ni siquiera de las asociaciones judiciales. Es simplemente la continuación del Manifiesto por la independencia y despolitización dela Justicia, al que se adhirieron en el año 2010 más de 1.400 jueces de todas las procedencias. Sin embargo, ahora resurge con el apoyo de sectores extrajudiciales (universitarios, abogados, procuradores…). En este año de travesía, han impugnado el Reglamento dela Carrera Judicial, acudido al defensor del Pueblo, solicitado una entrevista con el señor Ministro y, sobre todo, advertido contra los riesgos de manipulación de la futura normativa electoral de nombramiento del CGPJ. Pero esto no es más que el principio.

 

 

 

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Acerca de michelacosta13

Michel Acosta Pérez was born in Santiago de Cuba in 1975, where he started his studies in art schools since a very young age. In 1999, he graduated from the Higher Institute of Art (ISA) in Habana (Cuba) and a few years later he moved to Spain. In 2011, Michel obtained a degree in Fine Arts from the University of Granada. Since 1992, he has had 14 solo exhibitions and nearly 50 group exhibitions in different countries. Michel’s work has been exhibited in private collections in Spain, Canada, France, Italy, Belgium, United States, Norway and Switzerland. He currently lives and paints in Westerland (Germany).

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