Entrevista: el caos de nuestra Justicia

Jesus-VillegasENTREVISTA A JESUS VILLEGAS PUBLICADA EN EL PORTAL JURÍDICO LAWYERPRESS

http://www.lawyerpress.com/news/2015_05/2105_15_005.html

 

21 de MAYO de 2015
Jesús Villegas, secretario general Plataforma Cívica por la Independencia Judicial:

“Me preocupa que la reforma de Catalá de justicia sin papeles lleve el caos a los juzgados”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Hemos querido conocer el punto de vista de la situación actual de nuestra justicia a través de las declaraciones de Jesús Villegas, magistrado, juez decano de Guadalajara y secretario general de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, una entidad plural que engloba a profesionales de todos los estratos sociales. Esta Plataforma recientemente ha publicado cinco demoledores informes que relacionan los nombramientos de altos cargos en TSJ y Audiencia Provinciales con la pertenencia de los magistrados a diferentes asociaciones judiciales. “El resultado de estos informes es es el descrédito del gobierno judicial y, por tanto, la desconfianza de la ciudadanía, por extensión, hacia toda la judicatura”, comenta. Desde su punto de vista hay que hacer cambios porque “el Reglamento regulador de los nombramientos ha devenido un instrumento obsoleto e ineficaz que tiene que ser reemplazado, cuanto antes”, apunta. También opina del momento electoral del país y ve con escepticismo la idea del ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre la digitalización de la justicia puede traer el caso a nuestros juzgados.

Sr. Villegas, ¿qué balance puede hacer de los cinco estudios que su entidad ha hecho sobre los nombramientos del TS y Audiencias Provinciales?
Muy a nuestro pesar, hemos descubierto que los nombramientos discrecionales del Consejo General del Consejo General del Poder Judicial se han efectuado en unas condiciones que favorecen la duda de que obedezcan a motivaciones ideológicas subyacentes. Aunque en teoría únicamente deberían tenerse en cuento el mérito y la capacidad de los candidatos, en la práctica está extendida la sospecha de que se tiene en cuenta su orientación ideológica. Y, por desgracia, los informes no permiten refutar tan grave acusación.
“Sí hay propuestas de partidos políticos sobre justicia: pero soterradas, encubiertas, envueltas en un lenguaje críptico que, a veces, únicamente pretende escamotear la propósito de someter la Justicia a la política”
El resultado es el descrédito del gobierno judicial y, por tanto, la desconfianza de la ciudadanía, por extensión, hacia toda la judicatura. Nos hubiese gustado que el resultado de nuestras investigaciones (llevadas a cabo con total objetividad y basadas principalmente en los propios datos que publica el Consejo en su página web) hubiera disipado esa imagen tópica de unos vocales en sintonía con los partidos políticos, dedicados al “intercambio de cromos”. Repito, lo digo con pesar, pues como juez, también me salpica a mí (como a la gran mayoría de los jueces españoles, ajenos a tales manejos) el deficiente funcionamiento de un sistema cada vez más desprestigiado.
¿Habría alguna manera mejor de garantizar la independencia y meritocracia de los candidatos?
En efecto, habría que dotar de mayor peso a los méritos que se denominan en los informes como “fácilmente verificables”, esto es, lo que se basan en criterios objetivos, fiscalizables por un imparcial observador externo. Urge poner en marcha una batería de cautelas para descartar inequívocamente que los nombramientos sean el subproducto pactos en la sombra, negociaciones entre partidos políticos (o de sus simpatizantes togados) o más sencillamente, de la afinidad ideológica.
El Reglamento regulador de los nombramientos ha devenido un instrumento obsoleto e ineficaz que tiene que ser reemplazado, cuanto antes. La Plataforma está trabajando ya en propuestas concretas para reformar el sistema. En cualquier caso, la solución última, tal como venimos propugnando desde la creación de la Plataforma, no es otra que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reinstaurar la democracia interna en la judicatura.
¿Hace falta estar en una asociación judicial para tener una carrera profesional como magistrado en entidades de importancia?
Lamentablemente es una idea ampliamente difundida entre sectores muy extensos, no sólo de la magistratura, sino de la opinión pública en general. Reivindico en este momento el papel de las asociaciones en la defensa de los intereses profesionales de los jueces, a las que a veces con tanta ingratitud se las trata. Pero, al mismo tiempo, no entiendo el silencio de sus cúpulas directivas, a las que hemos pedido auxilio para la redacción de los informes, sin más efecto que la callada por respuesta (con la muy honorable excepción de “Foro Judicial Independiente”).
Las malas lenguas conciben las asociaciones judiciales como agencias de colocación de amiguetes, blandas correas de transmisión de los partidos políticos o, casi peor aun, entidades dispensadoras de protección ante expedientes disciplinarios o querellas de los justiciables (y es que, por desgracia, algunos están empeñados en atemorizar a la carrera judicial mediante la disciplina del “palo y la zanahoria”). Aprovecho esta oportunidad para rebelarme contra tan injustas acusaciones. Con todo, si no reaccionan con rapidez, apoyando a la Plataforma en su campaña de transparencia y propugnado el principio “un juez/un voto” acabarán tan denostadas como los partidos políticos y sindicatos actuales.
Estamos ahora en campaña electoral. ¿Por qué hay tan pocas referencias en los programas a la justicia?
Sí que las hay, pero soterradas, encubiertas, envueltas en un lenguaje críptico que, a veces, únicamente pretende escamotear el propósito de someter la Justicia a la política. Es muy decepcionante. En cualquier caso, prefiero no hablar de este tema pues, como juez, estoy obligado a guardar una estricta neutralidad política. Y, con mucho gusto, pues mi vocación es la Justicia y no echo de menos ese enrarecido mundo de las tretas electorales donde la verdad se sacrifica a la ganancia de sufragios.
Después de cuatro años, hay colegas suyos que señalan que la situación es peor que nunca, con juzgados atascados y menos jueces. ¿Qué opina?
No caeré en la demagogia e, insisto, no me compete criticar ni al Gobierno ni a la oposición. Eso sí, quiero dejar bien claro que la Justicia sigue sin funcionar en nuestro país. Y la consecuencia es doble: por un lado, el debilitamiento del Estado de Derecho, con el riesgo de violación de los derechos humanos en el Reino de España (la Plataforma ya ha acudido a Naciones Unidas en varias ocasiones para denunciar las amenazas contra la independencia judicial); y, por otro, la perdida de seguridad jurídica y, por tanto, de confianza económica, por lo que los efectos adversos también se proyectan en el estricto ámbito del bienestar material de los ciudadanos.
¿Cree que el Ministro Catalá logrará que el 1 de enero del 2016 la justicia reduzca el papel y utilice más medios digitales?
No lo sé, pero el problema no es una cuestión de plazos, sino de calidad. Llevo estudiando desde hace meses el asunto y temo que una reforma apresurada traiga el caos a nuestros juzgados. El tratamiento digital de la información, hoy por hoy, presenta graves problemas técnicos todavía sin superar. La digitalización no es un objetivo en sí mismo, sino únicamente en tanto que consiga mejorar la eficacia en la tramitación procesal y las condiciones de los servidores de la Administración de Justicia. Estoy a favor del uso de las nuevas tecnologías, muy especialmente de la informática, pero no de la erradicación del papel. Ambos medios deben ser coexistentes y complementarios para evitar crisis sistémicas que pongan a la maquinaría institucional al borde del colapso.
¿Dónde está la clave para frenar la corrupción en nuestro país: más medios, mejores leyes,…?
Es una pregunta compleja que carece de respuesta sencilla. Pero adelantaré una idea: la investigación criminal en nuestro país ha de ser reformada para garantizar su eficacia y eficiencia. Pero no sólo eso, para asegurar que sea plenamente independiente, imparcial, neutral y apolítica. Por eso inquietan tanto los designios de entregar la instrucción penal a la Fiscalía.
Para que semejante proyecto fuese admisible, habría que reforma la Constitución de modo que el Ministerio Público estuviese enteramente desconectado del poder político. Insisto, hablo de desconexión total, no de apaños o reformas de su Estatuto Orgánico que aflojen, pero no corten, los vínculos con instancias gubernativas o, en general, extrajurídicas.
Y aunque así se hiciera, quedaría siempre latente el problema de que el Ministerio Fiscal es una parte por lo que sus investigaciones entrañan el riesgo de “sesgos cognitivos” a favor de la acusación, es decir, que estén inconscientemente orientadas al descubrimientos de las pruebas de “cargo” antes que las de “descargo”.
La Plataforma ya aprobó un muy completo informe sobre la materia (accesible en su página web) si bien continuamos trabajando sobre el particular y antes de que acabe este año saldrán a la luz nuevos estudios.
¿Cree que con la reforma penal que entrará en vigor este 1 de julio, cambiarán las cosas?
Ojalá. Pero tengo mis dudas. Algunos de los aspectos de la reforma me producen mucho desasosiego. Pero no entraré en este asunto ya que es una cuestión de naturaleza, o bien política, o bien técnico-jurídica y ninguno de estos aspectos incumbe directamente a los objetivos fundacionales de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial.

 

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Un pensamiento en “Entrevista: el caos de nuestra Justicia

  1. Se puede decir más alto pero no más claro el compadreo y amiguismo que hay entre el Concejo Superior del Poder Judicial y los póliticos, que sólo buscan anular la independencia de la Justicia, con lo que acabarían con uno de los pilares de nuestra democracia, colocando en puestos inmerecidos a jueces de nula o muy baja calidad para sergurarse, de esa imnoble manera, que siempre comerán de su mano a la que nunca morderán.
    Jesús Manuel no quiere intervenir en asuntos políticos. Ma parece muy bien porque así preserva su independencia, pero yo, que no tengo que ver nada ni con politicos ni con la Judicatura, sí acuso a ambos, políticos y jueces apesebrados de corromper la Justicia, cosa que el pueblo tiene muy claro, pues no se fía de ella.
    La frase que pronunció ha tiempo el Alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, sigue en vigor, y si no que le preguntan el pueblo sencillo, al que llama pan al pan y vino al vino, qué concepto tiene sobre la Justicia. Responerá que el mismo que alberga sobre los Politicos.

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