¿MARCHA ATRÁS DEL GOBIERNO?

La Plataforma, ante las noticias relativas a una supuesta marcha atrás del Gobierno en su promesa electoral de democratizar el sistema de elección de miembros del Consejo General del Poder Judicial, ha emitido un comunicado cuyo texto íntegro es éste :

 COMUNICADO DE LA LA PLATAFORMA      

En relación con la información aparecida hace unos dias en prensa (y no desmenida oficialmente) según la cual el  Ministro de Justicia ha tomado la decisión de dar marcha atrás a su inicial proyecto de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para restituir a los jueces la elección de los 12 vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial, optando, por tanto, por seguir manteniendo el mismo estatus de designación política partidista actualmente existente, la PLATAFORMA CÍVICA POR LA INDEPENDENCIA JUDICIAL no solo lamenta y reprueba profundamente este repentino cambio de rumbo sino que además se considera en el deber ético de denunciarlo públicamente por las siguientes razones:   

1.- Porque constituye un incumplimiento muy grave y arbitrario del programa electoral con que el Partido Popular se presentó a las pasadas elecciones generales. Especialmente grave, por afectar a uno de los aspectos más sustanciales y emblemáticos del programa que, por otra parte, el propio titular de Justicia Sr. Gallardón se había comprometido públicamente a llevar a cabo aduciendo expresamente que la elección por los jueces de 12 de los 20 vocales del CGPJ constituía una medida indispensable para acabar con el actual estado de politización de la Justicia. Y es arbitrario porque el  Gobierno ha decidido ahora, de espaldas a sus defraudados electores, quebrantar su compromiso de modo unilateral y sin ofrecer ningún tipo de explicación pues, ciertamente, dispone de una amplia mayoría parlamentaria para poder llevar a cabo la reforma ofrecida y, por otra parte, es bien consciente de que, al menos para este caso, no existe ningún tipo de asidero o coartada de índole económica a la que poder agarrarse para tratar de justificar un incumplimiento de tal calibre.

2.- Porque un incumplimiento tan sustancial daña profundamente la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático, al vulnerar sus más elementales bases éticas. La democracia representativa es la única alternativa posible a la democracia directa, pero aquélla pierde todo su sentido y legitimidad si los representantes populares se alejan o tuercen la voluntad de sus electores, pues en tal caso el daño, el perjuicio, no sólo se causa a los engañados ciudadanos que votaron esa concreta opción política sino a todo el sistema democrático en su conjunto, que queda por ello completamente desacreditado y corrompido. Es por ello que la inaplazable regeneración democrática que desde múltiples sectores y movimientos sociales se viene reclamando en nuestro país exige ineludiblemente como más primario y elemental deber ético que todo político sea fiel al compromiso público contraído con sus electores y que, en definitiva, ese mal endémico de “donde dije digo, digo Diego” quede definitivamente desterrado de la escena política pasando a ser pura historia.

3.- Porque el partido gobernante ha demostrado ser ya reincidente en esta misma materia. La PCIJ quiere hacer llegar a toda la ciudadanía que el giro de 180° que se propone emprender este Gobierno, a espaldas de sus electores, no es algo nuevo, pues ya actuó de igual modo en las dos ocasiones anteriores en que gozó de mayoría parlamentaria (la segunda con mayoría absoluta), lo cual viene lamentablemente a confirmar por la vía de los hechos el nulo interés que ha tenido y tiene el partido actualmente gobernante por cambiar la grave situación de politización que padece nuestra Justicia desde el año 1985. Peor aún, la historia de estos 32 años ha demostrado palpablemente que, al menos en esta materia, PP y PSOE, son las dos caras de una misma moneda cuya principal propiedad es su idéntico afán de dominar la Justicia para así poder debilitar cada vez con mayor ahínco y consenso mutuo las incómodas funciones de control que le vienen constitucionalmente asignadas a los únicos titulares del poder judicial, los jueces y magistrados.

4.- Porque ese nocivo y antidemocrático giro político que pretende efectuar el Gobierno no sólo ignora la voluntad mayoritaria de los titulares del poder judicial sino que también contraviene el espíritu de nuestra Constitución y el tenor literal de múltiples textos y resoluciones europeas. En efecto, al margen de la repulsa que desde un punto de vista ético y democrático merece ese engaño que el Gobierno pretende consumar con sus electores, el contenido mismo de esa opción que ahora pasivamente pretende perpetuar encierra un triple agravio. El primero contra los jueces, quienes de forma contundentemente mayoritaria vienen reclamando reiteradamente, como titulares de un poder del Estado, su derecho a participar en la elección de sus órganos de gobierno, resultando a este respecto especialmente contundente el Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial que en el año 2010 suscribieron 1500 jueces y magistrados. El segundo agravio se produce contra la propia Constitución según la interpretación que en su momento efectuó el Tribunal Constitucional en su STC 108/86 y de la que, como el propio Gobierno actual reconoció expresamente al comienzo de su mandato, se infiere sin ningún género de dudas la inconstitucionalidad sobrevenida en la que actualmente se encuentra el sistema de designación partitocratica del CGPJ. Y por último, el tercer gran agravio que conlleva el cambio de actitud gubernamental se produce contra el propio marco jurídico europeo, en cuanto que contradice abiertamente múltiples textos promulgados en el seno del Consejo de Europa como son la Carta Europea sobre  el Estatuto de los Jueces de 1998 (apartado 1.3), el propio CCJE del Consejo de Europa (conclusión 4 del informe de 23-11-2001), la Carta Magna del Poder Judicial de 2008 (apart. 1.3) y la Recomendación (12) 2010 del Comité de Ministros del Consejo de Europa en cuyo apartado 27 expresamente se reitera a sus 47 estados miembros (entre ellos, España) la necesidad de un órgano independiente de autogobierno de los jueces en el que, “al menos la mitad de los miembros de esos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares”.

Los hechos desvelados en la prensa revisten, pues, una enorme gravedad. Es por ello que, de no ser enteramente ciertos, exigimos del Ministerio de Justicia su inmediato desmentido oficial con todas las aclaraciones que el caso merece.

De no efectuarse ese rotundo desmentido, esta plataforma de carácter transversal y cívico, entre cuyos fines se encuentra la defensa del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial, quiere dejar ya anunciada su intención de hacer un llamamiento público tanto a los jueces en particular como a todos los ciudadanos, en general, para que aúnen todos sus esfuerzos a fin de evitar de que, al socaire de las lamentables circunstancias económicas y sociales que atraviesa nuestro país, los poderes políticos lleven a cabo actuaciones que, como la denunciada, no persiguen otro resultado que debilitar aún más el principio de separación de poderes y demás garantías constitucionales que precisamente ahora, en estos momentos tan enormemente críticos, todos los ciudadanos debemos defender con más ahínco que nunca.

Madrid a 31 julio 2012

La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial es una asociación compuesta en la actualidad de más de 100 socios, entre los que hay jueces, abogados, catedráticos, profesores, notarios, empresarios y estudiantes, entre otros. Fundada en mayo de 2011, es secretario general el magistrado Ernesto Carlos Manzano Moreno. Entre sus integrantes están Eloy Velasco, Javier Nart, Andrés de la Oiva o Enrique Gimbernat.

WEB.- pcij.es

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