Peticiones al nuevo CGPJ

Davit Cuquerella, abogado, profesor universitario y juez substituto, escribe un valiente artículo donde expone qué espera del nuevo órgano de gobierno del Poder Judicial español, nunca tan desprestigiado como ahora a causa de la politización.

Este es su texto:

Al nuevo Consejo se le pide torne su punto de mira, en vez de atender con servilismo a la mano que los ha impulsado hasta el lugar que ocupan, se ajusten bien las alpargatas que van a usar en el desempeño de su labor y se fijen bien en que la vocación de servicio es la que debe guiar su caminar. La Norma de normas les encarga el cometido de velar para que la labor jurisdiccional resulte real y efectiva, sin distracciones de sus gobernados ni desigualdades en el trato a los mismos. La única dependencia posible debe ser a la tarea de guardar fielmente y con mimo el actuar de Jueces y Magistrados, evitando cualquier injerencia que pueda perturbar la sumisión de los mismos al ordenamiento jurídico y que puedan fluctuar hacia perversiones que vapuleen la ya de por sí depreciada hermana pobre de los Poderes del Estado, como es la Justicia.

Si tenemos en cuenta el acervo comunitario, que recoge de modo expreso la independencia de los Consejos de Justicia (denominación genérica usada para referirse a los órganos de gobierno de los jueces), así como que más de la mitad de sus miembros sean nombrados por los jueces entre ellos mismos, se exige que, aunque resulte una perogrullada, debe ser cumplida la normativa europea que nos vincula como Estado Miembro de la UE y a la que nos debemos. Por todo ello, resulta necesario para la supervivencia de la Justicia como uno de los miembros u órganos vitales del Estado de Derecho que, lejos de ser controlados por personas nombradas de forma espúrea y totalmente interesada por el Poder Ejecutivo, bajo el filtro del Legislativo conforme a directrices torticeras bajo eufemismos clamorosos como los contenidos la Exposición de Motivos de la L.O. 4/2013, que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O 6/1985, de 1 de julio) que asegura dotar de mayor independencia y garantías a la actividad del Consejo General del Poder Judicial, cuando realmente retuerce de forma fatídica dichos nombramientos, sometiéndolos al devenir de los vientos de las mayorías parlamentarios del momento, al tiempo que, entre otras perversiones, avoca muchas de sus funciones a favor del Ministerio de Justicia, volviendo a tiempos más propios del medievo o de las monarquías absolutistas.

Se espera que el Consejo aporte al trabajo de quienes imparten justicia tranquilidad, serenidad, seguridad. Se trata de que el juez pueda desarrollar su cometido con arreglo a sus principios, que nadie, ni desde dentro de la Justicia ni desde otros ámbitos pueda interponerse entre el magistrado y su tan delicado como importante papel. Sin otras presiones más que el cumplimiento fiel de la ley, no cabe duda de que el justiciable obtendrá mayores cotas de seguridad jurídica y, no sólo la imagen que la ciudadanía tiene de la justicia se tornará más amable y fiable, sino que la sociedad en su conjunto avanzará de mejor manera si cuenta con una justicia real y efectivamente independiente, que aplica el ordenamiento vigente a los todos los individuos por igual y que mira y protege a la población sin hacer distingos.

No se trata de seguir con los tópicos, sino de ponerse firme de una vez; así como el Poder Ejecutivo y el Legislativo cuentan con sus propios mecanismos de defensa y, sobre todo, de barreras que impiden en muchos casos la exigencia de responsabilidad de sus propios miembros para irritación del pueblo, que se otorgue la legitimidad prevista en nuestro texto constitucional al CGPJ y que dicho órgano desempeñe de modo efectivo la protección y amparo de los jueces y magistrados a quienes se debe; que, por fin, deje de ser azote de quienes se limitan a cumplir con su cometido y que desempeñe la mejor de las protecciones dentro de los márgenes constitucionales y legales a sus gobernados, tal y como, insistimos, previó el constituyente, y que el resto de poderes ha ido deformando (véase la Exposición de Motivos de la L.O. 6/1985 ya mentada, L.O. 2/2001, y especialmente la última L.O. 4/2013); y a los que el Tribunal constitucional no ha tenido el menor empacho en enmendarles la plana ratificando con tibias y temblorosas críticas, dando pie a que sean políticos con piel de juristas quienes se encarguen de llevar a cabo funciones que de ningún modo desempeñan, con los juzgadores y el Poder que desempeñan en mente, sino más bien en términos de cuotas de poder, de réditos políticos y prebendas parlamentarias. Oídos sordos es lo que hallan los jueces cuando hacen crítica hacia este sistema, cada vez más perverso, el cual no les lleva sino a una dominación aberrante que impide, en muchas ocasiones, actuar más que como lo haría un asno de las que muelen trigo en las eras, con los ojos casi ocultos por completo y con el camino marcado de antemano.

La ciudadanía puede que tenga una formación mayor o menor, pero desde luego no es ignorante. Defenderse de las críticas que granjea tanto ataque al sistema judicial aduciendo que los jueces y magistrados se quejan debido a que han perdido capacidad económica es un absurdo supino, pues si éstos carecieran de una vocación férrea y duradera, difícilmente se comprende que lleven a cabo una labor de tantísima responsabilidad con la entereza y profesionalidad que en tan alto grado desempeñan. Desde las cocinas de la Judicatura se observa bien a las claras que si no hubiera tanto juez que trabaja tan duro y con tal ahínco, si no fuera así, el sistema no lo habría podido resistir.

Todo ello, sin mencionar el cada vez mayor número de nombramientos discrecionales a cargo del Consejo que adulteran de forma bochornosa el escalafón de la Carrera Judicial. El juez de a pie observa con tristeza el hecho de que, si quiere progresar en su carrera, debe entrar en un batiburrillo que poco o nada tiene que ver en sentido estricto con su trabajo, sino que tiene que hacer uso del amiguismo, tan de moda pero de tan poca altura moral.

 

 

 

 

 

 

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Un pensamiento en “Peticiones al nuevo CGPJ

  1. Felicidades. El artículo me parece magnífico y su autor digno de alabanza y encomio. Ojala se hicieran eco de él los principales medios de comunicación, pues su contenido renueva la esperanza en la justicia. Al leerlo se siente algo así como la brisa de aire limpio que se cuela entre las piedras de una caverna y renueva su ambiente nocivo y emponzoñado. A mi juicio, para alcanzar una justicia eficaz e independiente no basta con modificar el modelo de nombramiento de los miembros del Consejo, deben integrarse en el Poder Judicial las 17 Administraciones Autonómicas de Justicia y dotarse al Consejo de plena autonomía presupuestaria y en la gestión, además de capacidad normativa en todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la Administración de Justicia y sus Funcionarios, como ocurre en otros países.

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